Bajo el nuevo contexto que vive Argentina, ante la segunda ola de coronavirus el Gobierno nacional presentó ante la Suprema Corte, las principales razones por las que argumenta que en la zona del AMBA se dan actualmente más del 50 por ciento de los nuevos casos de coronavirus y pide que se detengan las clases presenciales.
El Gobierno Nacional presentó ante la Corte Suprema de Justicia los argumentos que llevaron al presidente Alberto Fernández a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se dispuso la suspensión de la presencialidad en las escuelas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por un período de 15 días, hasta el próximo viernes.
La presentación fue realizada a la medianoche, cuando vencía el plazo de 5 días, por miembros de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), que agrupa a los abogados del Estado Nacional, junto con integrantes del equipo jurídico de la jefatura de Gabinete.
Entre las principales razones esgrimidas en la presentación, el Gobierno argumenta que en la zona del AMBA se dan actualmente más del 50 por ciento de los nuevos casos de coronavirus, en el marco de la segunda ola que atraviesa el país.
También se detalla que el ritmo de contagio es superior al que se venía experimentando y mayor al que se registra en otras áreas de alto riesgo epidemiológico en el país.
Por otra parte, se advierte que la saturación del sistema de salud tiene como consecuencia primordial el aumento de las cifras de mortalidad.
«El Gobierno Federal comparte el criterio de que la suspensión de la presencialidad en las aulas debe llevarse adelante por el menor tiempo posible, pero en este contexto actual, es deber del Estado abordar medidas de tal carácter, en la protección de la vida y la salud pública», añade el texto.
En tanto, se pide que se cite a la provincia de Buenos Aires dado que la circulación no afecta solo a la ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, se niega que el decreto afecte «la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires» ni que «lesione derecho alguno», así como que haya «venido a subvertir el orden constitucional».
En la presentación, el Gobierno hace hincapié además en la incidencia de la presencialidad en el transporte público y cita casos como España y Estados Unidos donde las escuelas no permanecieron abiertas «en los momentos de mayor contagio».
