Las lluvias torrenciales habían cesado ayer, dejando el país inundado. En algunas zonas el nivel del agua alcanzó 90 centímetros en menos de 24 horas, diez más que las cotas más alta de anegamiento que dejó en agosto el huracán Harvey en Texas. El joven gobernador Rosselló, de 38 años, asegura que los daños materiales que ha causado María son solo comparables a los de Katrina en 2005 en Luisiana.
El punto de mayor emergencia este domingo era la presa del lago Guajataca, un embalse de un siglo fisurado por el tremendo empuje del agua. «No sabemos cuánto va a aguantar», ha reconocido Rosselló. Desde el viernes la Guardia Nacional de Puerto Rico trabaja en la evacuación de 8.000 vecinos que podrían verse afectados. El sábado se logró rescatar una barcaza cargada de petróleo que iba a la deriva contra la costa de la isla. La comisionada afirmó que se evitó «un potencial desastre ecológico». Además de hacer frente a amenazas como estas, las prioridades de las autoridades de momento siguen siendo salvar vidas, garantizar el funcionamiento de los hospitales, dar acceso a combustible a la gente, reabrir las escuelas, que siguen cerradas, y dar techo a quienes perdieron sus casas. Ayer se contaban 15.000 refugiados.
En San Juan, las colas para conseguir gasolina bloqueaban el tráfico, si bien el gobernador ha asegurado que no hay falta de combustible sino problemas de distribución que ayer se empezaban a solventar. Rosselló ha establecido de manera indefinida el toque de queda de siete de la mañana a cinco de la tarde y la ley seca. Estos días se han reportado casos de pillaje. En Lloréns Torres, un barrio pobre de San Juan, fue saqueado un centro comercial. «Mientras cruzaba el huracán, hombres, mujeres, niños y viejos vinieron con su carrito a vaciarlo», dijo el vecino Benito del Cueto, de 83 años. «Iban con el carrito como si fueran de compras».
La comisionada González aseguró ayer que en octubre el Congreso de EE UU abordará la aprobación de fondos específicos para la reconstrucción de Puerto Rico tras el paso del huracán María. La élite del poder político americano ya está en movimiento ante la catástrofe boricua. Este lunes llegará a San Juan el poderoso republicano Marco Rubio, excandidato presidencial, y se espera la pronta visita del presidente Donald Trump.
Con un agujero de 73.000 millones de dólares en deudas a acreedores y 50.000 millones en desprovisión del fondo de pensiones, tutelado por una Junta de Supervisión Fiscal designada por el Congreso de EE UU, Puerto Rico ha recibido el ciclón como la puntilla a su ruina. En la isla se cree que el mal es tan grande que hasta podría traer consigo la solución: un plan extraordinario de rescate estadounidense. Aunque el Congreso –controlado por el Partido Republicano, partidario del control severo del gasto público– se ha mostrado reacio a inyectar capital a Puerto Rico, dar la espalda ahora a un territorio americano con el agua al cuello podría tener costes. El peso electoral de la comunidad boricua en EE UU es cada vez mayor, sobre todo en Florida, un estado clave, y su apoyo será preciado de cara a las presidenciales de 2020.
Ajena a las ecuaciones de poder que se tejen en torno al desastre, una mujer que se identificó solamente como «la señora Rivera», sin nombre de pila, pasaba el rato sentada con su padre en un banco de Lloréns Torres, rodeada de árboles pelados, cenizos y torcidos como tras un bombardeo de napalm. «Esto está siendo muy horrible», dijo, «pero en mi casa tenemos lo esencial: jamoncillo y pan».
