Luego de la sesión especial que realizara la Cámara de Diputados, sin contar con la presencia del Kirchnerismo. El desafuero del ex ministro de planificación habría sido solicitada por los magistrados Luis Rodríguez y Claudio Bonadío, quienes pidieron la inmediata detención del ex funcionario.
En el día de la fecha la Cámara de Diputados de la Nación en expreso pedido de dos jueces federales, que lo habrían solicitado para hacer efectiva la detención del diputado nacional, minutos después de terminada la votación, una delegación con efectivos de Gendarmería Nacional ingresó al departamento del ex funcionario, ubicado en Libertador y Coronel Díaz.
Operativos similares se realizan en otras propiedades vinculadas al diputado kirchnerista. Sin embargo, allegados al ex funcionario afirmaron que Julio De Vido se entregó espontáneamente a los tribunales de Comodoro Py y ya se encuentra detenido.
Con 176 votos a favor para desforarlo, entre ellos cuatro integrantes del bloque del Frente para la Victoria,ninguna en contra con tan solo apenas una abstención.
Mientras efectivos de Gendarmería Nacional monitoreaba cuatro domicilios en los que se preveía su detención, Julio de Vido se entregaba espontáneamente, fuentes judiciales indican que habría habido una negociación con alguno de los magistrados para entregarse espontáneamente evitando la prensa y la exposición, de usar chaleco y casco, que se encuentra previsto dentro del operativo de detención.
Finalmente llegó pasadas las tres de la tarde, el ex Ministro entró a los tribunales federales por el Ala Río del edificio al grito de «mándenle champagne a la doctora Carrió».
En el cuarto piso, que está cerrado y custodiado por la Policía Federal, él y sus dos abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro fue recibido por el juez Luis Rodríguez, quien tiene a cargo una de las investigaciones que lo llevaron a la cárcel.
En la primera de las dos, De Vido está acusado de haber participado en una «maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015 por el Ministerio de Planificación Federal».
A través de esa maniobra, por la que arribaron al puerto de Bahía Blanca un total 232 barcos con GNL y al de Escobar 265, «se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado» de aproximadamente USD 6.995 millones, «pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado», Así lo indicó el Juez Federal Claudio Bonadio.
