La denuncia fue realizada por una empleada del organismo mencionado al actual presidente del Ente Regulador de Servicios públicos, Carlos Humberto Saravia.
La misma se realizó ante el Juzgado Penal de Violencia Familiar y de Genero Nº 2, luego de que una empleada del organismo denunciara ser víctima de persecución y violencia en su ámbito laboral.
De acuerdo a lo expuesto por la denunciante, que desempeña tareas en el organismo desde hace 14 años. Saravia, sin consultar al resto del directorio y por medio de memorándum, le redujo el salario. De acuerdo al testimonio, la damnificada en dos oportunidades solicitó el escrito para hacer su descargo, algo que se le fue denegado.
La denuncia presentada, destaca que “…tras la asunción de Carlos Humberto Saravia como director del Ente regulador, el ambiente laboral se tornó bastante hostil, no solo para quien suscribe, sino para el entorno, en donde surgieron situaciones no vivenciadas a lo largo de mi trayectoria personal en la institución…”
Luciana Ortín Díaz, la abogada defensora, aclaró que “se están imputando hechos inexistentes para quitar un puesto laboral a una mujer, algo que lamentablemente no es la primera vez que se lo hace, con el consecuente perjuicio, no solo económico, sino también emocional para victima que se encuentra en estos días bajo tratamiento psicológico”.
Ortín Díaz sostuvo que el mecanismo consiste en “se le imputa un hecho inexistente a una persona, porque no le gusta la cara o cualquier cosa que le desagrade de la persona, se impone una sanción totalmente desproporcionada y no solo esta desporporcionalidad está presente, sino que también se desajusta el mismo reglamento de la institución, es decir que la aplica una persona que no tiene la facultad de aplicarla, o no dando la intervención a los organismos pertinente, o como en este caso, al directorio”.
