Aunque el Gobierno nacional tiene un incremento programado que no excede el 20% en las tarifas y palea segmentarlo. El organismo internacional sostiene que debería llevarse adelante una reducción gradual de los subsidios a la energía aunque todavía no se haya alcanzado consenso.
Ante lo pretendido por el organismo internacional , para firmar el acuerdo con Argentina,los analistas esperan el doble de ese incremento. Esta discusión sobre tarifas y subsidios ya tiene agenda propia y se ha instalado como uno de los temas centrales que orbitarán el acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía Martín Guzmán insistió tras el anuncio del entendimiento técnico que no habrá cambios en la hoja de ruta que se planteó el Poder Ejecutivo para este año en la política tarifaria, pero algunos análisis privados dan cuenta de que para estabilizar el gasto público en subvenciones sería necesario un incremento en las boletas superior al 20% que estipuló en un principio la Casa Rosada.
La política de tarifas fue un elemento muy delicado en la difícil convivencia de las distintas alineaciones del Frente de Todos y generó cortocircuitos desde el principio del mandato de Alberto Fernández. Hubo momentos de evidente fractura en la coalición cuando en la mesa de discusión hubo en primer plano alguna cuestión ligada a los subsidios.
En abril del año pasado tuvo lugar el intento de despido del subsecretario de Energía Federico Basualdo, un funcionario con terminal política en el Instituto Patria de Cristina Kirchner. En el Ministerio de Economía alegaron razones de “incompetencia” para llevar adelante un proceso de segmentación que ya en ese entonces estaba prometido y que en la actualidad todavía no comenzó formalmente. Basualdo retuvo su puesto en el gabinete y la discusión interna en el Frente de Todos sobre la política tarifaria fue más o menos pública desde ese momento.
El acuerdo técnico preliminar anunciado el viernes pasado con el FMI incorporó a la cuestión tarifaria, pero aún no se conocen detalles sobre qué sendero habrá -si es que finalmente la letra chica incluye alguno- de reducción paulatina del peso de los subsidios en el presupuesto público.
Desde el Palacio de Hacienda sostienen que lo que se conversó con el staff del organismo no implica un cambio en la planificación de subsidios que había para este año, un cálculo que no cuadra con algunas estimaciones del sector privado. En ese sentido, Guzmán dijo que el Gobierno irá “focalizando los subsidios”. “Los vamos a destinar a los segmentos de la población que realmente los necesitan, a los más vulnerables, y se los vamos a sacar a los sectores más pudientes que tienen capacidad de pagar los servicios”, explicó tras alcanzar el entendimiento técnico con el FMI.
Este miércoles por la noche el director del Cono Sur ante el Fondo Monetario y mano derecha de Guzmán en la negociación, Sergio Chodos, mencionó que “hay un trabajo que se está haciendo y está claro que es un elemento importante más allá del Fondo”, dijo en declaraciones televisivas. “Que el que pueda pagar, pague sin subsidio y el que lo necesite tenga derecho a tenerlo. Va a ser parte del acuerdo seguramente, pero nos parece una política sana. La segmentación tiene que ser un proceso profundo, a conciencia, que tenga mecanismos de revisión”, afirmó en una entrevista con C5N.
No hubo por el momento precisiones sobre si la cuestión de los subsidios será solo una declaración de intención o habrá -como en el caso del déficit primario, la asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro y la acumulación de reservas- metas exigibles, puntuales y que formen parte de la condicionalidad del nuevo programa, con revisiones trimestrales incluidas por parte del staff del FMI.
“Para mantener los subsidios constantes hay que duplicar el precio de la energía eléctrica y aumentar 75% el precio del gas que pasa a la factura final. Esto tiene un impacto de (al menos) 40% promedio en la factura final” (Rojo)
Por lo pronto, el Fondo recalcó desde el principio la centralidad que tendrá la discusión sobre tarifas en el programa todavía en negociación. “Es importante destacar que también permitiría aumentar el gasto en infraestructura y ciencia y tecnología, y protegería programas sociales específicos. Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de forma progresiva será esencial para mejorar la composición del gasto público”, comunicaron desde el organismo. Días después la segunda directiva más importante del organismo, Gita Gopinath, insistió en particular con la cuestión de los subsidios.
Para los analistas del sector privado, el aumento de 20% en el precio al usuario que anunció la Secretaría de Energía serán insuficientes para mantener estable o reducir los subsidios en términos reales, sino que en realidad con esa proporción de incremento la cuenta presupuestaria para el pago de subvenciones debería ser incluso mayor.
Para Julián Rojo, especialista en el sector energético, “para mantener los subsidios constantes hay que duplicar el precio de la energía eléctrica y aumentar 75% el precio del gas que pasa a la factura final. Esto tiene un impacto de (al menos) 40% promedio en la factura final solo por aumentar precio de la energía, y sin tocar cargos de transporte y distribución”, mencionó en diálogo con Infobae. Si el escenario fuera ese, los subsidios tendrían un peso de 2,3% del Producto Bruto, por lo que representarían unos USD 10.500 millones.
En ese sentido, consideró que “para bajar subsidios los aumentos en los precios deben ser mayores y por lo tanto el impacto en la factura. Siempre sin tocar cargos de transporte y distribución. De manera que un aumento final del 20% es insuficiente, incluso si fuese todo explicado por precios, si no aumentan los cargos de transporte y distribución”.
Por último, explicó que “con un aumento final del 20% solo por precio de la energía (aumentaria 50% el precio del gas y 50% el precio de la energia eléctrica) se te van los subsidios a USD 12.700 millones (2,7% del PBI, mayor a la meta fiscal y aumenta 15% respecto a 2021). Si se quiere ese sería el piso bajo el supuesto de que habrá un aumento. Siempre sin tocar cargos de transporte y distribución”, estimó.
Fernando Navajas (FIEL) propuso un aumento del 35% de una vez seguido por una indexación mensual del 3,5% para todos los hogares que no sean tarifa social y no entren en la segmentación
Por su parte, Fernando Navajas, economista de FIEL, analizó que la baja de subsidios no necesariamente tenga que explicarse por un incremento puntual en un momento del año, sino que propone que haya un ajuste y que luego se implemente una suerte de “indexación” mensual para mantener el precio fijo en términos reales. Con la normativa actual, aumentos mensuales implicarían tener que realizar audiencias para cada incremento.
“Un aumento del 35% de una vez seguido por una indexación mensual del 3,5% para todos los hogares que no sean tarifa social y no entren en la segmentación. Y empezar a mover a suma fija de subsidios (que se diluye en el tiempo con la indexación) a una parte importante de los hogares. Esto bien hecho te puede dar más de 1 punto del PBI”, propuso el economista.
Las distintas posturas continúan en un profundo marco de tire y afloje, donde se sabe que es necesario encontrar un punto de encuentro para la firma del acuerdo entre el Gobierno nacional y el organismo internacional.