Detrás de los presidentes de Perú, Pedro Castillo, y Colombia, Iván Duque, el mandatario argentino fue ubicado en el podio de los líderes con más imagen negativa de la región. Esa tendencia se consolidó en los primeros meses de 2022, según un informe de la ONG Directorio Legislativo.
Alberto Fernández transita su tercer año de mandato al frente de una Argentina sumergida en una profunda crisis económica y dilapidando el poco capital político que le queda en disputas internas con Cristina Kirchner. La fractura en el Frente de Todos en un contexto de incontrolable inflación, luego de haber sido derrotado en las elecciones de medio término de 2021, llevaron al presidente argentino a ubicarse en el podio de los líderes con mayor desaprobación en América Latina.
Así lo sostiene el informe “Imagen del poder”, elaborado por la ONG Directorio Legislativo, que concluyó que en los primeros meses de 2022 en la mayoría de los países de la región se mantuvieron en alza los niveles de desaprobación altos o muy altos. En el caso de Alberto Fernández su índice de desaprobación escaló al 60% posicionándose en tercer lugar detrás del peruano Pedro Castillo (71%) y el jefe de Estado de Colombia, Iván Duque (69%). Detrás del mandatario argentino se encuentran el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (53%), el mexicano Andrés Manuel López Obrador (41%) y el de Chile, Gabriel Boric (41%).
“Hay una tendencia muy sólida evidenciada en desaprobaciones altas -por sobre los niveles de aprobación-, en la mayoría de las presidencias de la región”, explicó Mario Riorda, presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigaciones en Campañas Electorales y director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral, al analizar los resultados del informe.
Según indicó, esta tendencia “es una novedad” en la región. Durante siete años, desde 2002 a 2009, la aprobación de gobierno, en promedio, aumentó de 36% a 60% entre los 18 presidentes latinoamericanos. Sin embargo, ese panorama empezó a cambiar a partir de 2010.
Riorda mencionó dos fenómenos que en la actualidad se conjugan en la región: caídas rápidas de aprobación al poco inicio de los mandatos de gobierno; y desaprobaciones consolidadas en formatos “gravados o híper agravados”. Apuntó, además, que “la situación económica, los sistemas de medios, los actores sociales, todos han incidido y contribuido a cada situación”.
En contrapartida, el ranking de presidentes latinoamericano con mayor nivel de aprobación lo lidera López Obrador (56%), seguido por el uruguayo Luis Lacalle Pou (50%), Boric (39%), el ecuatoriano Guillermo Lasso (32%), Bolsonaro (30%), Duque (26%), Alberto Fernández (25%) y el peruano Pedro Castillo (22%).
El informe muestra que, en términos netos, descontando el porcentaje de desaprobación al porcentaje de aprobación, sólo López Obrador quedó en terreno positivo, con un 15%. Mientras que el mayor nivel neto de desaprobación lo posee Castillo (-49%), seguido por Duque (-39%), Fernández (-35%), Bolsonaro (-23%) y Boric (-2%).
Estos datos corresponden a las últimas mediciones bimestrales del periodo marzo-abril. En el lapso enero-febrero, los mandatarios con mejor imagen en la región fueron Nayib Bukele, de El Salvador, con un 84%, y Luis Abinader, de República Dominicana, con un 67%. No obstante, en estos dos países no hay datos registrados en el último bimestre.
En los casos de los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega hay pocos datos. El último registro del venezolano es del bimestre noviembre-diciembre de 2020, cuando reportó una imagen negativa del 82%. En el caso del nicaragüense, entre septiembre y octubre del año pasado, la desaprobación a su gestión ascendió al 64%, según el informe de Directorio Legislativo.
“A quienes les va mal en términos de opinión pública no han sabido surfear la gobernabilidad en contextos de sistemas políticos de partidos rotos. La atomización ha generado expectativas que no fueron fáciles de satisfacer. Y los históricos partidos políticos ya no alcanzan para sostener gobernabilidad o bien, liderazgos fuertes de otrora, acompañando, no han sabido contribuir positivamente en estos procesos, como Colombia, Argentina y Bolivia, por ejemplo”, señaló Riorda.
El presidente de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales explicó que a los mandatarios a los que les va mal en términos de opinión pública algunas veces llevaron adelante “liderazgos cerrados”, gobernando “tribalmente con dinámicas cerradas, dogmáticas, poco flexibles, excluyentes, como el caso brasilero”. En otros casos, por su parte, “no han sabido reconocer que llegaron porque los predecesores fueron muy malos, no por méritos propios”. En otras ocasiones “han sido pura cáscara”, un “producto publicitario que nada tenía que ver con un proyecto de gobierno”.
Según su opinión, líderes que pueden ser definidos como populistas, como los casos de López Obrador en México, y Bukele en El Salvador, “suelen tener, en el corto plazo, efectos positivos, haciendo subir la confianza en la democracia”.
Cuando Riorda advierte que ya no alcanza con históricos partidos políticos para sostener la gobernabilidad, uno de los casos más actuales que evidencia esto es el de Argentina, donde cada vez son más grandes las diferencias entre los sectores más alineados con el presidente Alberto Fernández y los encolumnados detrás de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta fractura, agravada por las diferentes perspectivas sobre el plan económico, sumado a los altos índices de inflación y a los malos resultados obtenidos por el oficialismo en las últimas elecciones de medio término llevaron al mandatario argentino a ubicarse entre los líderes con mayor desaprobación.
En Chile, por su parte, aunque el presidente Boric “intentó ganar músculo político y legislativo” al sumar a su gabinete a funcionarios de diversos espacios, los primeros meses del joven mandatario no han sido fáciles. Por un lado, las perspectivas económicas son desalentadoras, con una inflación estimada del 10%. El Ejecutivo también está haciendo frente a una escalada de violencia en el sur del país, a raíz de los conflictos con los mapuches, y a un descontento con el proceso de reforma constitucional.
“Boric ha intentado evitar a toda costa la declaración del estado de emergencia en las regiones de la Araucanía y Biobío, zonas calientes del conflicto mapuche, que tanto criticó desde la oposición. Sin embargo, su propuesta de establecer un ‘estado intermedio de protección y resguardo’ naufragó por falta de acuerdos dentro de la propia coalición de gobierno. Así las cosas, y ante la presión de los gremios de transportistas, declaró el estado de emergencia, aunque acotado a rutas y caminos”, señala el informe.
Tal como lo consigna en su portal web Diario Digital, otros países donde en los últimos meses crecieron los problemas por la inseguridad y el estado de emergencia son El Salvador, Perú, Ecuador y Costa Rica. Tal vez el caso de mayor preocupación es el de El Salvador, donde en el mes de marzo una serie de asesinatos y episodios violentos atribuidos a la organización criminal de la Mara Salvatrucha “conmocionaron a la ciudadanía y alteraron el orden interno”. Por ese motivo, Bukele declaró el estado de emergencia en el país.
“Al momento, se han realizado más de 30.000 arrestos, de acuerdo a lo informado por el propio gobierno, pero también se han denunciado casos de tortura y muerte durante el periodo de aprensión y falta de información sobre la situación y ubicación de los detenidos”, apunta el estudio de Directorio Legislativa que, al mismo tiempo, recuerda que el Gobierno salvadoreño también avanzó en el Congreso “con la sanción de leyes lesivas para la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Los parlamentarios que responden a Bukele aprobaron en la Asamblea una “ley mordaza” que penaliza con 10 a 15 años de prisión la difusión de mensajes alusivos a los grupos criminales tanto a través de medios escritos como medios de comunicación digital.
