Con el 88,08% de mesas escrutadas, la negativa obtiene 62% de votos y la aprobación, 38%. Los principales cambios que proponía el texto son paridad de género, reconocimiento judicial indígena y bicameralismo asimétrico.
El rechazo a la nueva Constitución obtiene un contundente triunfo en el plebiscito que se desarrolló este domingo en Chile.
Escrutadas el 88,08 por ciento de las mesas, la opción por la negativa obtiene el 62 por ciento de los votos, mientras que la aprobación logra el 38 por ciento.
Alrededor de 15 millones de chilenos estuvieron habilitados para votar a fin de decidir si aprueban o rechazan el proyecto de nueva Constitución, que busca poner fin a la escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), pero que podría seguir vigente si gana la segunda opción, como anticiparon las encuestas.
Actualmente, Chile se rige por la Constitución pinochetista de 1980, que tuvo una importante reforma en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), pero que fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre casi todos los sectores políticos para redactar un nuevo texto constitucional.
La propuesta de nueva Constitución, escrita por 154 convencionales constituyentes elegidos con la participación de los pueblos originarios, busca establecer en sus 388 artículos en 178 páginas un Estado de bienestar en el país.
Entre los cambios principales, Chile pasaría de ser una “república democrática” a una “democracia paritaria”, asegurando que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado.
También define al país como un «Estado Plurinacional e Intercultural», con el reconocimiento de 11 pueblos, que tendrían sus respectivas autonomías regionales indígenas y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas con respeto a la Constitución.
Sistema político. La nueva Constitución permite al presidente ser reelegido por una vez, plantea la eliminación del Senado que será reemplazado por una Cámara de las Regiones, que tendrá menos poder y la facultad de elaborar leyes acotadas a acuerdos regionales.
En tanto, la Cámara baja pasaría a llamarse Congreso de Diputados y Diputadas y tendría mayor poder en la formación de leyes, lo que da cuenta de dos cámaras con poder asimétrico.
Con la nueva propuesta, Chile se define como un “Estado Social y Democrático de Derecho”, garantizando derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones.
También propone cambios con respecto al aborto, ya que indica que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo.
De aprobarse, deberá implementarse con leyes que dicte el actual Congreso, que está dividido casi a la mitad entre fuerzas de derecha e izquierda, y, en caso de rechazarse, los parlamentarios deberían buscar un nuevo camino constitucional.
Más de 15 millones de personas estuvieron habilitadas para sufragar, de las cuales hay casi 100.000 en el exterior.
A diferencia de otras elecciones, el voto fue obligatorio, por lo que todo el padrón podía volcarse a las urnas, lo que genera algo de incertidumbre en el resultado, ya que en Chile el sufragio es voluntario y solamente cerca del 50% asiste habitualmente a los centros de votación.