El asesinato de Maribel Nélida Zalazar, una oficial de la Policía de la Ciudad que murió baleada por un delincuente en la estación C de Retiro, volvió a abrir el debate sobre la utilización de las pistolas Taser por parte de los agentes de seguridad.
La administración de Horacio Rodríguez Larreta reflotó un viejo reclamo para que el Gobierno nacional autorice el uso de unas 60 pistolas Taser compradas años atrás y el debate tomó cada vez más calor con el correr de los días.
En medio de las discusiones por la utilización estas pistolas que transmiten una descarga eléctrica, la división contrataciones de la Policía Federal compró 100 pistolas Taser en forma directa a cambio de unos U$S170 mil, es decir, poco más de $32 millones al tipo de cambio comprador del Banco Nación.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación aceptaron la compra de las Taser, pero explican que el proceso comenzó en octubre de 2022. “No es que se compraron por la muerte de la mujer Policía, la autorización se produjo el 15 de febrero pero la compra comenzó mucho antes”, remarcaron a este medio.
Desde la cartera que conduce Aníbal Fernández aseguraron que las pistolas se destinarán a grupos especiales.
La compra de las 100 Taser se autorizó un día después del asesinato de Maribel Nélida Zalazar
Según pudo saber TN al acceder a documentación oficial, se trata de 100 pistolas Taser modelo T7, que llegarán al país con accesorios, cartuchería y licencias. Se trata de una “contratación directa por adjudicación simple por exclusividad”. La firma que proveerá las pistolas es AXON Enterprise Inc, a la que se le pagarán U$S 169.990.
Respecto a las especificaciones técnicas del arma se detalla que son 100 pistolas eléctricas, tipo paralizante. La contratación directa 10/2022 fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El proceso de compra se inició el 31 de octubre y la adjudicación se produjo en los últimos días de diciembre de 2022. Finalmente la orden de compra llegó en febrero de este año. La compra se autorizó el 15 de este mes, tan solo un día después del asesinato de Zalazar, que recibió dos disparos cuando quiso intervenir en una discusión entre un pasajero y un trabajador del subte. El asesino le quitó su arma reglamentaria y disparó.
El ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández había adelantado que el Gobierno “iba a comprar nuevas generaciones (de Taser) para grupos especiales”. Y agregó: “En algún momento requeriremos autorización”.
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La compra se da en medio de una fuerte discusión entre el Gobierno nacional y la Ciudad por la utilización de estas pistolas. Días atrás el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel acusó al Poder Ejecutivo de apelar un amparo judicial que le ordena a la Casa Rosada resolver la situación de unas 60 pistolas Taser adquiridas por la administración porteña que no reciben autorización de uso por parte de la ANMAC, el organismo que regule el uso de las armas en la Argentina.
“Hace más de dos años ya que iniciamos todo el proceso de licitación y adjudicación para la compra de las Taser, incluso para los permisos de uso y de importación”, aseguró Miguel, en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó: “En octubre iniciamos un amparo, porque frente a cada uno de nuestros reclamos para que se resuelva esa autorización teníamos silencio por parte del Gobierno Nacional”.
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De hecho, en los primeros días de febrero, el juez federal en lo contencioso administrativo Walter Correa intimó al gobierno nacional a que resuelva en 30 días un pedido del gobierno porteño para avanzar con el proceso de importación de 60 pistolas Taser, que está demorado -sostuvo el juez más allá del “plazo razonable”.
El juez hizo lugar a una acción de “amparo por mora” promovida por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta contra la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación.
