El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Raúl Pleé mantuvo el pedido de su colega Diego Luciani para que la condena a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad sea agravada por el delito de asociación ilícita. Así lo hizo en un escrito que presentó ayer en la Sala IV de Casación.
“Que, habiéndome notificado de la providencia dictada en autos, manifiesto que mantengo el recurso de casación interpuesto por el Sr. Fiscal General, contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Capital Federal”, señaló Pleé en presentación a la que accedió Infobae.
La decisión era clave. Si el fiscal no mantenía el pedido de Luciani la apelación se caía y no se podía analizar el planteo para que Cristina Kirchner sea condenada por asociación ilícita, lo mismo que las cinco absoluciones que se dictaron en el juicio.
Te puede interesar: El fiscal Diego Luciani apeló el fallo de la causa Vialidad y pidió que Cristina Kirchner sea condenada por asociación ilícita
El fiscal Pleé solo mantuvo la apelación. La argumentación de por qué se debe agravar la condena a Cristina Kirchner la podrá hacer cuando Casación convoque a una audiencia para escuchar las posturas de todas las partes porque las defensas también mantuvieron sus apelaciones.
A la Sala IV de Casación llegó esta semana la causa en la que el Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre pasado a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta por las 51 obras públicas que durante el kirchnerismo recibieron las empresas de Lázaro Báez para Santa Cruz.
Junto con la vicepresidenta también fueron condenados Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
En el juicio, el fiscal Luciani pidió una condena de 12 años para Cristina Kirchner por administración fraudulenta y asociación ilícita. Por mayoría de dos votos a uno, el tribunal rechazó el delito de asociación ilícita.
El fallo fue apelado y Luciani insistió en la asociación ilícita. “Las gravísimas circunstancias fácticas comprobadas por el Tribunal se ajustan, sin mayores esfuerzos, a las exigencias del tipo penal de asociación ilícita. Para que se entienda bien, se trataba de un ´traje a medida´ y la mayoría del Tribunal convirtió esta figura en un ´traje estrecho´ o, peor aún, en un tipo penal prácticamente inaplicable para casos de corrupción en la Administración pública”, sostuvo en su apelación.
Por su parte, los condenados también apelaron. “La condena dictada en contra de Cristina Fernández de Kirchner no cuenta con pruebas directas que la avalen, sino antes bien se basó en una serie de circunstancias que los magistrados calificaron como indicios”, dijo la defensa de Cristina Kichner.
El tribunal oral aceptó todas las apelaciones y el viernes pasado las envió a la Sala IV de Casación para su revisión. El organismo le dio a las partes un plazo de 48 horas para que mantengan las apelaciones. El plazo vence el lunes 8 de mayo a las 9:30 horas y la mayoría ya lo hizo, entre ellos el fiscal Pleé y Alberto Beraldi, abogado de la vicepresidente.
Pero también hubo apartamientos y recusaciones. Javier Carbajo, uno de los jueces de la Sala, se excusó de intervenir. El magistrado se apartó porque consideró que ya opinó sobre el caso cuando dijo que, la obra pública para Santa Cruz durante el kirchnerismo, había sido uno de los delitos precedentes del lavado de dinero de Báez. Lo hizo en febrero pasado cuando confirmó la condena del empresario que fue reducida de 12 a 10 años de prisión.
Los otros dos jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, fueron recusados por Cristina Kirchner. La defensa señaló que ya intervinieron en la causa y que las visitas a Mauricio Macri, cuando era presidenta de la Nación, muestran su falta de independencia y parcialidad.
Con la excusación y las recusaciones la integración de la sala quedó en suspenso hasta que se defina su integración y así poder avanzar en el caso.