El exmandatario venezolano enfrenta cargos federales por narcotráfico y narcoterrorismo. Aunque la ley estadounidense contempla la pena capital, especialistas advierten que el escenario más probable sería una condena a prisión perpetua.
Los delitos capitales federales incluyen principalmente homicidio, traición o espionaje, y delitos relacionados con drogas que no incluyan homicidio. Sin embargo, las sentencias de muerte por delitos de drogas son poco comunes en el sistema judicial estadounidense.
Nicolás Maduro comparece este lunes ante un tribunal federal en Manhattan, Nueva York, tras ser capturado y trasladado a Estados Unidos, donde enfrenta una causa por narcotráfico y narcoterrorismo que podría derivar en una pena de muerte, según medios locales. En tanto, en Venezuela siguen las protestas camino a la transición que encabezará la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
De acuerdo a la información publicada por The New York Post, la ley estadounidense contempla la posibilidad de pena de muerte, según expertos legales y fuentes judiciales.
Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, en una operación que involucró a fuerzas estadounidenses y que culminó con su traslado al Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde permanece bajo custodia federal mientras avanza el proceso judicial.
Qué se le imputa a Nicolás Maduro y las penas que contempla la ley
Maduro enfrenta una acusación federal ampliada que incluye varios delitos graves:
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Conspiración de narcoterrorismo
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Conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense
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Posesión de ametralladoras y armas de guerra
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Conspiración para emplear armas en apoyo de actividades criminales
Estos cargos fueron formulados por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York y sustentan la acusación formal que ahora está bajo revisión en el sistema judicial federal.
Según el marco legal de Estados Unidos, la pena de muerte es una posibilidad teórica en casos de narcotráfico sin precedentes cuando las acusaciones se encuadran en una “empresa criminal continua” bajo la Ley de Sustancias Controladas (Controlled Substances Act). Sin embargo, especialistas legales destacan que las ejecuciones por narcotráfico son extremadamente poco comunes en la práctica, y la sentencia más probable en caso de condena sería la cadena perpetua o múltiples décadas de prisión.
Además, especialistas penalistas señalan que, dados los delitos atribuidos, las penas podrían superar los 100 años de privación de libertad si se suman todas las condenas posibles bajo la legislación federal estadounidense.
La reacción internacional a la intervención de Estados Unidos en Venezuela
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacó que el operativo para capturar a Maduro “requirió meses de planificación y coordinación” entre múltiples agencias federales, incluidas la DEA, el FBI y el Departamento de Defensa. Bondi declaró que Maduro y su esposa “enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense”.
El traslado de Maduro a un tribunal estadounidense se produce en medio de una operación que ha generado repercusiones internacionales: la ONU y gobiernos como Rusia y China han expresado su preocupación por la intervención estadounidense en Venezuela, mientras que algunos líderes occidentales respaldan la acción judicial basada en la lucha contra el narcotráfico.
Cuestión legal: inmunidad y jurídicamente abierta la pena capital
La defensa de Maduro ha planteado dudas sobre la legitimidad del arresto y la jurisdicción de Estados Unidos, esgrimiendo argumentos sobre inmunidad soberana y derecho internacional. No obstante, el gobierno estadounidense sostiene que Maduro no es reconocido como jefe de Estado legítimo y por ello ha sido procesado como cualquier otro ciudadano acusado de delitos federales.
Aunque la pena de muerte está contemplada jurídicamente, su aplicación dependerá de múltiples factores judiciales: la estrategia de la fiscalía, las pruebas que se presenten, la interpretación de la ley por parte del juez y la defensa, y las negociaciones que podrían llevar a acuerdos o incluso a una reducción de penas si se aceptaran cargos, según algunos penalistas.