De acuerdo a la opinión de algunos especialistas, la nueva normativa dispuesta por el Gobierno nacional, en una primera etapa serán los países limítrofes los más afectados.
Las vacaciones al exterior de algunos argentinos que puedan realizarlas y hayan planificado con anterioridad a lo dispuesto por ley, se verán encarecidas en un 30%, aunque de acuerdo a funcionarios esto permitirá reactivar el turismo nacional.
La nueva ley de solidaridad social del Gobierno de Alberto Fernández hará que quienes se marchan tengan que adaptarse mientras hacen las valijas.
La ley que se publicó en el Boletín Oficial esta semana cuenta con un tributo que grava al 30% las compras en moneda extranjera, los pasajes de avión internacionales, así como la adquisición de divisas extranjeras, las cuales suelen usarse en los viajes al exterior y para ahorro, en un país donde la mayoría de la población guarda su dinero en dólares.
Este impuesto fue bautizado como «PAÍS» por el Gobierno, sigla que responde a «para una Argentina inclusiva y solidaria», y tiene una vigencia de cinco años.
Desde otra óptica, el presidente de la consultora Singerman & Makon, Pablo Singerman, explicó en una entrevista que es un impuesto que «cae mal» principalmente entre las clases medias que son las que más viajan, pero que viene motivado por una situación económica «extremadamente crítica», ya que «no hay dólares» para cubrir la demanda de divisa extranjera de los argentinos.
Federico Freire es un joven afectado por el impuesto -suele viajar al exterior todos los años y piensa volver a hacerlo en unos seis meses- y considera que el impuesto hará que cueste «un poquito más» planear el viaje, dado que es «un gasto extra».
«Tenemos que ser un poco más solidarios con el resto de las clases», apostilló Freire en referencia a los argentinos con capacidad de viajar al exterior, ya que para él es el modo del que el país podrá «salir adelante».
Este es el mensaje enviado por Ejecutivo desde que el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció la ley que incluía este nuevo impuesto que pretende tener una función redistributiva: la recaudación del mismo se dividirá entre un 70 % que se destinará a financiar programas de seguridad social y un 30% a obras y viviendas sociales.
«Es una estafa», opina por el contrario María Luján Nauri, una estudiante argentina que subraya que «las clases medias» son siempre «las que pagan el pato» y que aseguró que no viajaría al extranjero en estos términos.
Ella precisamente experimentó en su bolsillo la última devaluación, cuando el pasado agosto se encontraba de viaje en Europa y el dólar se disparó por encima de los 60 pesos. Entonces gastó «el triple de lo que tenía pensado» con su tarjeta.
Sin embargo, Nauri valoró la resiliencia de los argentinos para adaptarse a los cambios económicos repentinos: «Estamos acostumbrados a que nos muevan el piso».
