En el día de ayer y luego de una larga Sesión Extraordinaria la Cámara de Diputados aprobó los dos proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo Provincial referidos a la moratoria y beneficios para Pymes, además de la ampliación a 9 miembros, el número de integrantes de la Corte de Justicia.
Con 31 votos a favor se aprobó el proyecto de ampliación de la corte que eleva de 7 a 9 miembros el tribunal. Los diputados oficialistas argumentaron que la ampliación de la Corte traería mayor agilidad e institucionalidad al ejercicio de la Justicia. También se dijo que los dos nuevos magistrados que se designarán serán mujeres para lograr una «equidad» en la composición del cuerpo, aunque esa aspiración se podría subsanar también nombrando a una jueza en el cargo que dejó Guillermo Posadas.
En el debate sobresalió el tema la emergencia sociosanitaria declarada en el norte provincial. Durante la discusión de anoche en el recinto, algunos diputados como Ramón Jesús Villa (PV) ratificaron que Gustavo Sáenz pretende cambiar esta ley sin fundamentos.
La diputada Gladys Moisés sostuvo que no había ninguna urgencia para tratar la modificación de la Corte. Subrayó que «hay temas como la muerte de niños en el norte y el mal servicio de agua que se presta en toda la provincia”.
El primero de los tres proyectos de ley que envió el Ejecutivo que trataron ayer los diputados fue la implementación de una moratoria para deudas tributarias provinciales con la que el Gobierno local estima recaudar $300 millones. La iniciativa fue aprobada por mayoría (con solo el rechazo del Partido Obrero), aunque con cuestionamientos a algunos artículos.
En tanto el otro proyecto de ley que tuvo también media sanción, establece un régimen de simplificación operativa para los pequeños contribuyentes, reduciendo los deberes formales que pesan sobre los mismos en la actualidad, y por otro lado, un mecanismo de mayor certidumbre recaudatoria para la Provincia.
La convocatoria del Ejecutivo a sesiones prevé avanzar puntualmente en el tratamiento de un temario de iniciativas destinadas, por un lado, a garantizar una mayor eficiencia y eficacia en el servicio de justicia, y, por otro, alivianar la apremiante situación de los contribuyentes en la provincia.
Respecto a la moratoria las críticas de la oposición estuvieron centradas en que se beneficia a sectores que obtuvieron ganacias extraordinarias y que especularon con esta medida.
El régimen especial y transitorio de regularización de deudas provinciales por tributos, regalías mineras, cánones de riego, como así también las que tengan origen laboral, por servicios, por cuotas de préstamos o cualquier otro título o causa por las que el Estado Provincial, entidades autárquicas, sociedades del Estado y entes residuales resulten ser acreedoras, incluidas las que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial. El acogimiento a la moratoria podrá realizarse a partir del 1 de abril próximo y hasta el 30 de junio de 2020.
El proyecto que se aprobó sin demoras fue el de creación de un régimen simplificado para que los monotributistas paguen el impuesto provincial de Actividades Económicas que les corresponda cuando abonen sus cargos con la AFIP. El proyecto no requirió de un debate como sucedió con los dos proyectos restantes.
Vía: Nuevo Diario
