La fiscal de Bariloche aseguró que el Gobierno ofreció tierras a los grupos terroristas mapuches, pero no fue suficiente para detener la violencia y que las organizaciones mapuches rechazaron la oferta del Poder Ejecutivo antes del desalojo que se concretó el pasado 4 de octubre.
La Fiscalía Federal de Bariloche, a cargo de la fiscal interina María Cándida Etchepare, informó a través de un extenso comunicado que el Gobierno ofreció tierras del Estado a grupos terroristas Mapuches pero esta acción no sirvió para detener la violencia en la zona.
La representante del Ministerio Público Fiscal hizo un detallado repaso de cómo se fueron desencadenando los hechos en los últimos años y que las organizaciones Mapuches rechazaron la oferta del Poder Ejecutivo antes del desalojo que se concretó el pasado 4 de octubre.
El pasado 28 de septiembre la Justicia Federal solicitó el desalojo de los siete predios usurpados por el grupo “Lof Lafken Winkul Mapu” que reclama como propias tierras públicas y privadas. En el texto dado a conocer este jueves, la fiscalía señala que el reclamo se originó no en la forma tradicional que presentaba la ocupación de tierras en la zona de forma pública -como han hecho otras comunidades -, sino “en una visión que tuvo, en 2017, una niña de 16 años que se autoproclamó machi, autoridad espiritual del Pueblo Mapuche”: “La joven soñó que sus antepasados le indicaban que allí debían asentarse”.
Independientemente del fundamento utilizado, el grupo violento Mapuche “no canalizó sus reclamos por las vías de derecho”, según la descripción de la fiscal. En el comunicado se describió que no se inscribieron ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), “ni pidió ser relevado”. El mencionado organismo gubernamental informó que “no tiene registro ni petición alguna vinculada a este grupo de personas” y cita, por el contrario, el antecedente de la comunidad “Lof Colhuan-Nahuel” que sí se inscribió y le fueron reconocidas tierras en el barrio Virgen Misionera.
En el comunicado la Fiscalía Federal hace referencia al conflicto originado en 2017 con la primera usurpación. Y si bien a lo largo de estos años ha solicitado desalojos de varios predios, el último se fundamentó en los hechos ocurridos a partir de la noche del 25 de septiembre cuando un grupo de entre 15 y 20 personas armadas atacaron a gendarmes que custodiaban la zona.
Indicó que “el primero de los predios de Parques Nacionales fue usurpado en noviembre de 2017; luego, en enero de 2018, lo fue el siguiente hacia el Sur, de la familia Grehan-Giménez de Tournier; en julio de ese mismo año se extendió la ocupación hacia el norte, tomando el ex hotel Mascardi, también de propiedad de Parques. En mayo de 2020 la violencia se extendió hacia el Sur, primero ocupando el predio del Obispado de San Isidro y luego los lotes del sindicato Unión Personal Superior del Gas (ex Gas del Estado). Finalmente acontecieron el incendio (a la casilla de gendarmería) y el ataque armado a las fuerzas de seguridad mencionadas”, detalla la fiscal.
Al día siguiente, el 26 de septiembre, cuando funcionarios judiciales se acercaron a la zona para realizar una inspección ocular, también fueron atacados por un grupo de personas. “El acrecentamiento de la violencia, el ataque directo con armas de fuego a los funcionarios de las fuerzas de seguridad y la nueva extensión de la ocupación incluyendo dos nuevas propiedades fueron parte del desencadenante de la última solicitud de desalojo”, expuso en el texto que reprodujo el medio local El Cordillerano.
“Es importante destacar que, a lo largo de todos estos años, jueces, fiscales federales y provinciales, empleados judiciales y del MPF, guardaparques, policías federales, policías de seguridad aeroportuaria, gendarmes, policías de Río Negro, peritos, directivos de Parques Nacionales, veedores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y hasta la propia gobernadora de la provincia han sido directamente atacados al intentar acercarse a los predios a cumplir con distintas medidas ordenadas en las causas judiciales”, continuó relatando la fiscalía que agrega también los casos de incendio de propiedades, destrucción de estructuras edilicias, interrupción de la Ruta 40, destrucción de vehículos y colectivos turísticos.
María Cándida Etchepare justifica que el último pedido de desalojo responde a “la finalización de todos los canales de diálogo intentados por esta Fiscalía durante los últimos dos años”. Además de diversas audiencias de las cuales participaron miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu y autoridades de distintos organismos estatales, la fiscal resaltó que “incluso Parques Nacionales ofreció reubicarlos en otras tierras cercanas, también del Estado Nacional, y permitir la permanencia del rewe (sitio ceremonial o sagrado) en el lugar en el que está apostado en la actualidad (en el predio del ex hotel Mascardi) para que sea un lugar de culto de las comunidades”.
“Nada alcanzó. A la par que se intentaban esos canales de diálogo continuaban suscitándose actos violentos. Los miembros de la comunidad manifestaron una y otra vez que solo aceptarían ser reconocidos como los dueños del lugar”, explicó.
Además, señaló la intervención “por vías políticas” del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad y organizaciones de derechos humanos: “Ninguno de los actores involucrados logró traer al proceso algún atisbo concreto de acuerdo que permitiese evitar la vía penal haciendo prevalecer el diálogo pacífico, ya que la comunidad no se ha mostrado realmente dispuesta para esto”.
En medio de las negociaciones, ante la escalada de la violencia, es que es que la Fiscalía Federal solicitó el desalojo de la zona que se concretó el 4 de octubre y por el cual se detuvo a siete mujeres.
