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jueves, enero 9, 2025
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El operativo de seguridad le costó al Gobierno $ 23 millones de pesos

Patricia Bullrich, titular de la cartera de Seguridad de Nación, denunció a los organizadores del paro que se llevó a delante el día de ayer, martes 30; Moyano, Palazzo, Yasky y Plaini por los disturbios en los alrededores de la Plaza de Mayo. Que como consecuencia hay 39 detenidos en Ciudad y Provincia.

En su cuenta oficial en redes sociales, la ministra de seguridad Patricia Bullrich denunció a los organizadores del paro, movilización y acto en la Plaza de Mayo por «22 hechos delictivos» y reclamó ante la Justicia que sean ellos quienes se hagan cargo de los $23,1 millones que gastó el Estado en los operativos de seguridad.

Tal como lo consigna TN la ministra sostuvo en su denuncia»Vengo a poner en vuestro conocimiento que los señores Pablo Moyano (camioneros), Sergio Palazzo (bancarios), Hugo Yasky (CTA), Omar Plaini (canillitas) y quienes suscribieron junto con ellos la convocatoria que culminó con la sucesión de hechos delictivos ocurridos entre el 29 y 30 de abril y que tuvieron por única finalidad la de forzar un fallido paro general a través de hechos de violencia, serían quienes habrían actuado como autores mediatos del delito previsto y reprimido por el artículo 213 bis del Código Penal que significó para el Estado un gasto de $23,1 millones erogados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA para mitigar las consecuencias directas de los hechos registrados», Pablo Noceti como secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales.

El Ministerio de Seguridad destinó $18 millones para movilizar a 6.000 agentes de las fuerzas federales para cubrir 302 puntos sensibles en todo el país y especialmente en los accesos a la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño gastó $ 51 millones para disponer 1.700 policías para reforzar la seguridad en el microcentro, particularmente por donde marcharon los trabajadores.

La acusación del Gobierno recayó en el juzgado federal 1 de Morón, a cargo de Martín Ramos, porque los dos primeros delitos denunciados ocurrieron en el partido bonaerense de La Matanza.

En la denuncia, el Ministerio de Seguridad puntualizó: «Se registraron no menos de 22 hechos delictivos consumados contra el transporte público de pasajeros que comprenden desde daño a unidades, privación ilegítima de la libertad de pasajeros, amenazas a trabajadores y hasta el disparo de arma de fuego contra un ómnibus que llevaba pasajeros en su interior (línea 242)».

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