Cada vez es más evidente la distancia entre el Gobierno del Presidente Mauricio Macri y la Iglesia, que en próximos días anunciará la renuncia al aporte económico del Estado.
El aporte que reciben será eliminado de manera gradual,luego del debate por el aborto comenzó a evidenciarse la separación de la Iglesia y el Estado.
Cabe destacar que son $140 millones los que se irán retirando de manera gradual.
De no surgir ningún contratiempo será la Iglesia quien dará el paso,
de prescindir de modo progresivo del aporte económico del Estado –unos 140 millones este año-, que apenas representa el 7% del presupuesto eclesiástico, pero que conlleva una alta significación política.
De acuerdo a lo indicado por Clarín, en el mes de agosto, la conducción de la Conferencia Episcopal había anunciado la conformación de una comisión con representantes del Gobierno para estudiar cómo sería el desacople y mecanismos alternativos de financiamiento, que se viene reuniendo con cierta periodicidad. Pero ahora la voluntad de avanzar será ratificada por todos los obispos tras un debate durante su segundo y último plenario del año que sesionará desde mañana lunes y hasta el viernes en Pilar.
La reunión se lleva adelante luego de la gran polémica que causo la misa que fuera oficializada por el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani, a pedido de varios gremios opositores que contó con la presencia en primera fila de los camioneros Hugo y Pablo Moyano; de la actitud del presidente de la Pastoral Social, el obispo Jorge Lugones, de recibir al líder camionero un día después del pedido de detención de su hijo. y de que el Papa Francisco firmara tras la audiencia general de los miércoles una remera con la inscripción del lema que tuvo el oficio religioso “pan, paz y trabajo”- que le acercó una integrante de la fundación La Alameda, que encabeza Gustavo Vera.
Pese a que la Iglesia hace más de dos décadas decidió avanzar en su completo autofinanciamiento, no terminaron de fructificar los esfuerzos en ese sentido como la puesta en marcha de un llamado Plan Compartir para dotar de transparencia a su economía y crear conciencia entre los fieles sobre la necesidad de sostener su culto.
Por una ley de la última dictadura militar, el sostenimiento se tradujo en una asignación mensual a cada uno de los obispos (hoy alrededor de un centenar), que en la actualidad ronda los 40 mil pesos y otra pequeña a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Este aporte –a los que se suman ayudas menores- totalizan $ 140 millones que está procurando prescindir la Iglesia. Aquí no figuran los subsidios a sus escuelas, tema que no integra las conversaciones en curso porque también lo reciben otros cultos pero ninguno por ser confesional, sino en base al principio de libertad de enseñanza.
