Una comitiva del FMI, arriba hoy a nuestro país a fin de revisar minuciosamente la economía, se supo que en el marco de la agenda que tiene programada gente del organismo, mantendrán reuniones con funcionarios del Gobierno, autoridades del Banco Central y empresarios.
La visita tiene como en otras oportunidades, el objetivo de monitorear las cuentas públicas del país y reunirse con diferentes representantes del Gobierno, el Banco Central, empresarios y sectores de la oposición.
Tal como la consigna tn, quien lidera el equipo económico es el economista Roberto Cardarelli, en el contexto de la cuarta revisión del plan económico que respalda el acuerdo Stand-By de 36 meses.
«Durante la misión, se reunirán con funcionarios gubernamentales y el BCRA, así como representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil. Alejandro Werner, director del Departamento del hemisferio Occidental del FMI, también se unirá a una parte, como ya sucedió en otras ocasiones», se detalló a este medio.
El economista italiano Cardarelli, encargado del organismo de auditar las cuentas públicas del Gobierno, ya estuvo con su equipo en el país tres veces. En estas visitas deben confeccionar un «staff report», que se eleva al directorio ejecutivo para que apruebe o no un nuevo desembolso.
Recordemos que fue a principio de abril, el último giro de fondos que llegó a la Argentina y fue de u$s10.835 millones, depositados en las arcas del Banco Central. Las reservas, de esa manera, llegaron a alcanzar en esa semana la cifra récord de u$s77.478 millones.
Según está previsto por el Gobierno, en lo que resta de 2019 el FMI enviará, previa evaluación trimestral del cumplimiento de condiciones incluido en el programa, unos u$s5400 millones en junio y septiembre y otro desembolso de u$s973 millones en diciembre.
Esa última cifra será replicada en los cuatro giros de fondos pautados para el año que viene y los dos de 2021, que serán los últimos. El cronograma de repago implicará que entre 2022 y 2023 el Gobierno deberá devolver al organismo u$s33.000 millones, un número que economistas consideran elevado por estos días y que en próximos meses pedirán su renegociación a fin de que los plazos sean menos rígidos.