Es el Congreso el que debe ordenar las auditorías en las universidades

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Juan Manuel Olmos, titular de la Auditoría General de la Nación, explicó el mecanismo necesario para revisar las cuentas de la UBA y señaló que no es una potestad del Poder Ejecutivo. Ya se probó la auditoria para la Universidad de Salta.

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, aseguró que el proceso para revisar el presupuesto de las universidades públicas no es potestad del Poder Ejecutivo y señaló que las órdenes las debe realizar una comisión mixta revisora del Congreso, integrada por diputados y senadores.

“En este momento se aprobaron auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, Nordeste y La Plata. En el caso de la UBA, que es la más grande y la que más presupuesto lleva, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan integral si el objetivo es auditarla”, explicó Olmos.

En esta línea, y en diálogo con el periodista Eduardo Feinman en Radio Mitre, agregó: “La UBA es un ente público no estatal. No es parte del Poder Ejecutivo y no podría auditarlo el Poder Ejecutivo. Tiene auditoría internas que son concomitantes, es decir, mientras se desarrolla la gestión se están auditando. A esas auditorías se refieren las autoridades para decir ‘estamos siendo auditados’. Esto es un control interno”.

“El control externo lo realiza el Congreso a través de la AGN, donde se determina cuáles son los aspectos del gasto presupuestario. La UBA requeriría un equipo especial por el volumen y no sabría decirle por qué el Congreso no lo determinó”, añadió Olmos.

Para el funcionario, que durante la gestión de Alberto Fernández fue jefe de asesores del presidente, el control “es la base de una gestión eficiente”. “La auditoría no solo revisa el estado contable, sino también el estado de la gestión. A veces no tenemos de corrupción, sino de ineficiencia del gasto”, completó.

Por otro lado, Olmos destacó la masiva marcha universitaria que se desarrolló ayer en diversos puntos del país, y afirmó que “la educación es un límite, un valor de la sociedad y está dispuesto a defenderlo”.

“Creo que (el presidente Javier Milei) está realizando un ajuste del gasto público sin mirar qué está recortando, sin hacer una priorización de qué gasto puede ser suprimido y cuál no. En esa brutalidad, hace un desparramo que afecta a todos los sectores, a la educación pública, a las universidades, también le tocó y provocó la rección de la sociedad”.

Ayer, mientras se nutría la movilización, en la Casa Rosada advirtieron que no hay ninguna auditoría en marcha, ni planes de avanzar con un plan en ese sentido en el corto plazo, como habían anunciado la semana pasada, a través de un anuncio del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello y que después fue ratificado de manera particular desde la Secretaría de Educación que maneja Carlos Torrendell.

En aquel momento, además de informar sobre una suba en el presupuesto -que resultó insuficiente para llegar a un acuerdo, como señalaron en la UBA-, el ministerio dijo oficialmente que habían pactado con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para avanzar “en conjunto entre el Gobierno Nacional y las Universidades Nacionales en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoria existentes”.

Después, el subsecretario de Políticas Universitarias, Carlos Álvarez, redobló la apuesta con un “aviso importante” que dio en las redes sociales: “Pase lo que pase, hagan lo que hagan, por lo menos mientras Javier Milei sea presidente, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar, la fiscalización del gasto en las universidades está en la ley de Educación Superior”, dijo, con la palabra “auditar” en mayúscula, y adjuntó el fragmento que había citado.

El anuncio y el aviso sobre un control de las cuentas fueron mal recibidos en las universidades. Más allá del malestar por el severo recorte de los fondos, el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el titular del CIN, que lidera la Universidad Nacional de San Luis, Víctor Moriñigo, denunciaron que sería inconstitucional, porque se trataría de un intento de “violación de la autonomía universitaria”.

“A las universidades nacionales las audita la Auditoría General de la Nación (AGN), que reporta al Congreso, y no al Poder Ejecutivo. Desde su génesis, las universidades nacionales son creadas desde el Congreso, con lo cual la AGN es la que tiene jurisdicción. Son cosas para la tribuna”, dijo Moriñigo.