Después de dos meses sin sesionar, el oficialismo lleva al recinto dos proyectos con destinos muy distintos. El poroteo ya anticipa cuál tiene el camino allanado y cuál todavía puede dar una sorpresa.
La Cámara de Diputados debate este miércoles 26 de agosto dos proyectos clave: Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Ambas iniciativas reabren la actividad legislativa tras dos meses sin sesionar.
El temario completo incluye cinco proyectos en total. Entre ellos, la adhesión al tratado de patentes, que busca incorporar a Argentina a un sistema internacional que unifique y simplifique el trámite de solicitudes de patentes internacionales mediante un procedimiento único.
Inocencia Fiscal II: menos controles para declarar bienes
El proyecto modifica el Régimen Simplificado de Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias que administra ARCA. Fue impulsado por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y elimina los topes de ingresos anuales que hasta ahora se ubican en $1.000 millones anuales y $10.000 millones patrimoniales para todas las personas humanas y herencias no adjudicadas. Permite corregir errores en las declaraciones juradas sin perder el lugar en el régimen. También obliga a ARCA a probar con datos concretos cualquier diferencia antes de objetar una declaración y perdona multas a quienes ya regularizaron ajustes previos en Ganancias o IVA.
El objetivo declarado del Gobierno es sumar al circuito formal los «dólares del colchón». Funcionarios de Economía estiman ese stock en un rango cercano a los USD 170.000 millones, cifra que no está respaldada por una medición oficial publicada y que debe leerse como una proyección política antes que como un dato verificado.
El borrador del proyecto fue impulsado principalmente por el caso Manuel Adorni. La esposa del entonces jefe de Gabinete se adhirió al régimen original antes de que él presentara su declaración jurada. La pareja está investigada por presunto enriquecimiento ilícito. El hecho instaló la pregunta de si los funcionarios públicos pueden beneficiarse de un régimen que ellos mismos administran.
La Libertad Avanza respondió con una cláusula que excluye a los funcionarios públicos de los beneficios del régimen, que pueden seguir usándolo solo como canal para presentar la declaración. Esa concesión sumó el apoyo de PRO y UCR en comisión.
La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado aseguró que este proyecto busca «perseguir a los verdaderos evasores y no a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias». El Gobierno agregó una distinción técnica: no es un blanqueo de activos, sino una declaración jurada simplificada, que reduce la cantidad de datos, requisitos y documentación que un contribuyente debe presentar ante un organismo oficial.
La oposición rechazó el proyecto en bloque. La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman dijo que se trata de «una ley para los grandes evasores». Esteban Paulón (Partido Socialista) aseguró que la iniciativa «tiene una trampa» y que «es un jubileo». «Nos va a costar mucho», señaló. En una posición similar se ubicó el peronista Guillermo Michel, quien calificó al proyecto como inconstitucional: «El Estado no puede renunciar a su facultad de fiscalización».
El Gobierno descarta reunir las dos sanciones -Diputados y Senado- antes del 27 de agosto, fecha límite para presentar las declaraciones juradas de Ganancias 2025. La meta de esta sesión es que Diputados lo apruebe y el trámite siga después en el Senado. En comisión, el proyecto pasó por 37 votos contra 33.
La reforma del BCRA: un solo objetivo y blindaje para sus autoridades
Javier Milei presentó la reforma por cadena nacional el 30 de julio desde la Casa Rosada, con críticas a la gestión de Cristina Kirchner y a la ex titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont. El texto entró a Diputados al día siguiente. Obtuvo dictamen de mayoría el 12 de agosto, con 42 firmas sobre 73 diputados presentes.
Eduardo «Lule» y Martín Menem, dos piezas clave en las negociaciones en el Congreso.
Eduardo «Lule» y Martín Menem, dos piezas clave en las negociaciones en el Congreso.
El proyecto reemplaza los cinco objetivos vigentes desde 2012 por uno solo, centrado exclusivamente en preservar el valor de la moneda. Para garantizar la solvencia del organismo, prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles, además de limitar la distribución de utilidades únicamente a las ganancias que el BCRA efectivamente obtenga.
También refuerza su autonomía institucional al sacar al Ministerio de Economía del directorio y exigir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para remover a sus autoridades. Por último, elimina las reservas de libre disponibilidad y establece un mecanismo para cancelar de forma progresiva tanto los adelantos acumulados como las letras intransferibles existentes.
El Gobierno la califica como una de las «reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años» y sostiene que sirve para «poner fin a la estafa de financiar dinero para la alta política». El presidente del BCRA, Santiago Bausili, planteó otra cosa: el organismo ya opera bajo buena parte de esas restricciones en la práctica. En comisión, economistas afines al Gobierno compararon la inflación mensual promedio de Brasil y Perú -0,4%- con la de Argentina en el mismo período -4,2%-.
Maximiliano Ferraro (CC) marcó la contradicción central del proyecto: «Milei propone mayorías agravadas de dos tercios para la remoción de los miembros del directorio, pero no exige esa misma mayoría, u otra calificada, para su designación». El Gobierno nombró a Bausili sin esa mayoría reforzada.
Julia Strada (Unión por la Patria) cuestionó otro punto: dijo que la reforma habilitaría usar el oro del BCRA como garantía, porque Bausili «no se animó a firmar el préstamo contra el oro» tras una denuncia previa. También objetó la derogación del artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que obligaba al BCRA a dictaminar sobre la sostenibilidad de la deuda.
El bloque peronista se retiró del plenario durante el debate en comisión. La bancada de Germán Martínez (Unión por la Patria) vació la sala en otra sesión, después de cuestionar que solo se invitara a exponer a economistas afines al Gobierno.
El verdadero test del 26 de agosto no es la ley, es el número
Los dos proyectos llegan al recinto con números de naturaleza distinta, y esa diferencia importa para entender qué tan resuelta está cada votación.
Inocencia Fiscal II salió de comisión con una votación cerrada: 37 votos a favor contra 33 en contra, sobre 70 presentes. Es un resultado ajustado, sostenido con una concesión puntual -la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios del régimen- que costó negociación directa con PRO y UCR. Con ese margen, cualquier ausencia o cambio de posición en el recinto puede alterar el resultado.
La reforma del BCRA, en cambio, no se resolvió con una votación de sí o no en comisión, sino con la firma de un dictamen de mayoría: 42 firmas sobre 73 diputados presentes, respaldadas por LLA, PRO, UCR, Producción y Trabajo, Independencia e Innovación Federal. Firmar un dictamen no equivale a comprometer el voto en el recinto, pero sí anticipa una base de apoyo más amplia y con más bloques aliados que la de Inocencia Fiscal II, que dependió de una negociación más estrecha y de último momento.
Comparados en esos términos -no como cifras equivalentes, sino como indicadores de cuánto trabajo de construcción de mayoría queda pendiente antes del recinto- la reforma del BCRA llega con el camino más allanado. Inocencia Fiscal II, en cambio, necesita sostener casi sin fisuras el mismo esquema de alianzas que logró en comisión, algo más difícil de garantizar en una sesión donde también se vota el proyecto más resistido por la oposición.
La diferencia en la solidez de cada mayoría sugiere dónde está la prioridad real del Gobierno. El proyecto con la base más amplia y menos expuesta a filtraciones de última hora es el que reorganiza la arquitectura institucional de la política monetaria, no el que regula el régimen tributario de las personas físicas. Blindar al BCRA de futuros cambios políticos -vía mayorías agravadas para remover autoridades- apuesta a la permanencia del modelo económico más allá del resultado electoral. La asimetría entre los requisitos para designar y remover autoridades no es, bajo esta lectura, un error de diseño, sino que es el diseño.
Esa apuesta tiene un riesgo concreto. Concentrar poder de veto institucional en directores designados en este mandato, sin exigir el mismo consenso para nombrarlos, puede leerse hoy como blindaje técnico. Puede leerse mañana, si LLA pierde terreno electoral, como atrincheramiento de una gestión puntual. Ese intercambio -previsibilidad de política monetaria a cambio de flexibilidad institucional futura- es, para esta lectura, el centro real de la disputa, más allá de los detalles sobre adelantos transitorios o letras intransferibles.
La sesión del 26 de agosto mide algo más grande que dos leyes puntuales: si el Gobierno puede construir mayorías legislativas estables después de un invierno sin sesiones, y hasta dónde ese margen sostiene el modelo económico que hoy solo tiene garantizada la letra de la ley.
